Es lo que denuncia la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), que a su vez exige mecanismos financieros para evitar la asfixia financiera del sector como consecuencia de la aplicación de la ley 24/2013 del sector eléctrico. Al final, es el Ejecutivo con su reforma el que ha dejado a muchas empresas en números rojos.
Según esta organización, en su última liquidación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las empresas ha cobrado el 84,08% de los devengado hasta el momento. Eso supone que queda pendiente de cobro el 15,92% de la retribución prevista.
Al entender de APPA, al castigo por los recortes, que ha dejado con déficit muchas explotaciones en su mayoría pequeñas y medianas, se añade la "tremenda carga impositiva de todo tipo" que han de soportar las empresas de renovables.
Y la Secretaría de Estado de Energía, no sabe ni contesta. Ni si quiera propone un documento oficial de reconocimiento de deuda para que los empresarios traten de financiarse.
El Gobierno no es tan remolón cuando tiene que avalar el denominado déficit de tarifa, que alcanzó casi los 30.000 millones de euros y que se financia con intereses y a plazos a través del recibo de la luz que pagamos todos. Lo dicho, sin querer ser malpensado, el Gobierno tiene algo contra las energías renovables o al menos lo parece.
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