Las energías renovables, a la vía penal

El combate contra el recorte a las energías renovables da un salto cualitativo. De los miles de denuncias civiles se pasa ahora a la vía penal de la mano de la Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME).

Las dos organizaciones han iniciado un proceso de recogida de firmas de todos aquellos que quieran sumarse al escrito que presentarán ante la Fiscalía Especial Anticorrupción por presunta prevaricación del ministerio de Industria en el proceso de cálculo del recorte que afecta al sector. La denuncia se centra en el papel jugado por las consultoras Roland Berger y Boston Consulting Group (BCG) que, en esencia debían validar un sistema de cálculo de retribución de las energías renovables que fuera neutral y equitativo. Lo cierto es que no ha sido así y todo el proceso está envuelto en un enorme halo de "arbitrariedad", según los denunciantes.

143.000 firmas para rebrir la investigación de los 3.400 millones de las eléctricas

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y la plataforma activista Avaaz han reunido 143.000 firmas ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que reabra la investigación sobre los 3.400 millones de euros que las grandes eléctricas habrían cobrado de más entre 1998 y 2006 en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTCs). La devolución de esta cantidad no fue reclamada por los gobienros del PSOE ni el del PP.

La denuncia proviene de otra reclamación presentada en el 2013 por prescripción de la posibilidad de reclamar a las eléctricas este importe. Esta denuncia fue archivada en diciembre del pasado año al considerar la Fiscalía que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. La nueva denuncia se basa en la reciente publicación de documentos que apuntarían a posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos tanto por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como del actual Ejecutivo de Mariano Rajoy, al permitir deliberadamente que venciera el plazo legal para reclamar la devolución de lo cobrado en exceso. Tanto la abogacía del Estado como la antigua Comisión Nacional de Energía, hoy integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Aunque en principio, el plazo para exigir la devolución de las cantidades, que según los denunciantes, fue avalada por la abogacía del Estado, finalizaba en el 2010, algunos expertos entienden que en realidad debía vencer en julio del 2014. Eso afecta tanto al Ejecutivo socialista como al del PP. 

Los CTC fueron creados por el Gobierno popular de José María Aznar para compensar a las eléctricas integradas en la patronal Unesa por la liberalización del mercado eléctrico con la ley 54/1997, de 27 de noviembre. Esa cantidad, inicialmente fijada en unos 12.000 millones de euros se ajustó a un máximo de 8.663 millones. El Gobierno del PSOE acabó con los costes de transición a la competencia a través del real decreto ley 7/2006, de 23 de junio.