La Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético (Px1NME) y la plataforma activista Avaaz han reunido 143.000 firmas ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para
que reabra la investigación sobre los 3.400 millones de euros que las grandes
eléctricas habrían cobrado de más entre 1998 y 2006 en concepto de Costes de
Transición a la Competencia (CTCs). La devolución de esta cantidad no fue
reclamada por los gobienros del PSOE ni el del PP.
La denuncia proviene de otra reclamación
presentada en el 2013 por prescripción de la posibilidad de reclamar a las
eléctricas este importe. Esta denuncia fue archivada en diciembre del pasado
año al considerar la Fiscalía que los hechos denunciados no eran constitutivos
de delito. La nueva denuncia se basa en la reciente publicación de documentos
que apuntarían a posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales
públicos tanto por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como del
actual Ejecutivo de Mariano Rajoy, al permitir deliberadamente que venciera el
plazo legal para reclamar la devolución de lo cobrado en exceso. Tanto la abogacía del Estado como la antigua Comisión Nacional de Energía, hoy integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Aunque en principio, el plazo para exigir la devolución de las cantidades, que según los denunciantes, fue avalada por la abogacía del Estado, finalizaba en el 2010, algunos expertos entienden que en realidad debía vencer en julio del 2014. Eso afecta tanto al Ejecutivo socialista como al del PP.
Los CTC fueron creados por el Gobierno
popular de José María Aznar para compensar a las eléctricas integradas en la
patronal Unesa por la liberalización del mercado eléctrico con la ley 54/1997, de 27 de noviembre. Esa
cantidad, inicialmente fijada en unos 12.000 millones de euros se ajustó a un
máximo de 8.663 millones. El Gobierno del PSOE acabó con los costes de
transición a la competencia a través del real decreto ley 7/2006, de 23 de junio.
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