Lo dijo ayer el propio ministro de Industria, José Manuel Soria: el recibo de la luz unos meses subirá y otros bajará. Y pide tiempo para determinar si el saldo es de alza o de reducción como, a su entender, fue en el 2013 y el 2014. Pero el sistema que introdujeron en abril se ha demostrado imprevisible, altamente variable y arriesgado para quienes tienen la tarifa regulada o precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
ya avisó de que estas cosas pasarían.
En un solo mes, de diciembre a enero,
se ha encarecido una media de más del 3% y es previsible que así siga al menos en lo que queda de invierno, aunque el Gobierno se haya reservado la capacidad de incidir en la mitad de la factura, a través de los peajes (la parte regulada), que decidió congelar. Y lo que resulta más curioso: lo rápido que sale el Ejecutivo para decir que los precios bajan, cuando lo hacen; y lo lentos que son cuando sucede lo contrario.
Son las consecuencias de un modelo improvisado que se gestó en principio para frenar las subidas que se avecinaban con el sistema de subastas trimestrales (CESUR) que funcionó hasta diciembre del 2013. Pese a un inicio más plácido, porque el Gobierno fijó por decreto la tarifa de forma transitoria y los costes bajaron en primavera, ahora nos encontramos que, cuando estos suben, se nota mucho en el recibo, una de las cargas más importantes en una economía familiar. Y eso en un país en el que, hoy por hoy, la inflación es negativa. Si el ministro pide esperar para hacer balance es que no ve claro lo de la luz e implícitamente reconoce que ha creado un recibo de infarto, no solo para los usuarios, que son los realmente afectados, sino para el propio Gobierno, que se las prometía muy alegres promocionando a bombo y platillo la bajada del IRPF. A ver si ahora resultará que lo que ingresaremos de más por la reducción de impuestos se lo llevarán las eléctricas en el recibo...
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