El desaguisado del recibo de la luz

Un auténtico desaguisado. Eso es el recibo de la luz. No solo porque sirva de contenedor de toda la política energética, tanto de los aciertos como de los errores, sino porque es un despropósito gigantesco que ha marcado un nuevo récord, negativo, claro está, no positivo.

El Tribunal Supremo ha dado la razón en parte a Iberdrola y Gas Natural, que impugnaron el cálculo de la tarifa regulada, ahora denominada precio voluntario del pequeño consumidor (PVPC). Se quejaban de que el margen de comercialización que se les reconocía, cuatro euros por al año por kilowatio de potencia contratada, era insuficiente para cubrir los costes.

No es que el alto tribunal haya dictaminado que ese margen sea insuficiente o no sino que obliga a al ministerio de Industria a establecer un método de cálculo explícito que, según el fallo, se desconoce completamente. El motivo es la premura con la que el Gobierno modificó la forma de calcular la tarifa regulada. Primero se estableció que en torno al 40% del recibo se iba a calcular con el precio de mercado de cada hora (24 precios distintos al día o 720 al mes) y luego se vio que la infraestructura no estaba preparada. Apenas hace un mes que se factura realmente de esta forma a los clientes con PVPC, con contador inteligente instalado y listo para telegestión, que son en torno a la mitad del total.

Al resto se les sigue aplicando desde abril del año pasado un patrón de consumo según su tipo de tarifa (la más común es la 2.0A), además del margen de comercialización de cuatro euros al año por KW contratado. Industria ha solicitado ya un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que determine una metodología en base a los costes existentes.

Luego se tendrá que recalcular el nuevo margen de las eléctricas desde el 1 de abril del 2014, cuando entró en vigor el actual, y refacturar a los 13 millones de clientes con PVPC el margen comercial para ese periodo de un año y medio. Dado que todo se basa en una impugnación de dos eléctricas es fácil presuponer que el resultado será tener que pagar más. No lo duden. Lo que no está claro es cómo y cuándo se hará. La facturación por ese concepto durante un año supera los 200 millones de euros, a razón de casi 16 euros por cliente, según se desprende de la CNMC.

Un nuevo despropósito del ministerio dirigido por José Manuel Soria que, además ha afirmado que estudia rebajar la parte regulada del recibo en enero ya que este año se cerrará por primera vez en una década con un superávit en el sistema de unos 600 millones, al superar los ingresos reconocidos a las distribuidoras los costes en los que habrán incurrido, es decir, no habrá déficit de tarifa. Pero quedarán todavía muchos otros déficits pendientes que acaban pagando siempre los mismos. No lo duden, lo que baje por un lado seguro que sube por el otro.

Ya van 22 demandas contra España por las energías renovables

Y ya van 22 demandas contra España ante el ente del Banco Mundial, el Ciadi, por el recorte aplicado a las energías renovables.

En esta ocasión se trata de un grupo de bancos alemanes con participación pública, entre los que están el Landesbank Baden-Württenberg, el HSH Nordbank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale y el Norddeutsche Landesbank Girozentrale.Tramita la denuncia el despacho McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater en Alemania.

Estas entidades participaron en la financiación de proyectos de parques solares en Castilla-León, Castilla-La Mancha o Andalucía, entre otras comunidades autónomas españolas.

En lo que va de año el Ciadi ha registrado 15 denuncias contra España por el mismo motivo, que se suman a las otras siete anteriores al 2015, según los datos del este organismo de arbitraje internacional.

Aunque es cierto que en muchos casos los inversores realizaron las apuestas desde una óptica muy especulativa, el cambio legislativo drástico y con efecto retroactivo puede resultar al final muy caro. Pero, bueno, luego se carga a plazos al recibo de la luz que pagan los ciudadanos, como se ha hecho con el denominado déficit de tarifa y otros muchos conceptos y ya está. Siempre pagan los mismos. 

La oscuridad de la luz

Si ya era difícil entender el recibo de la luz, no digamos ahora. Este jueves 1 de octubre, las eléctricas empezarán a facturar la tarifa regulada --precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)-- a más de seis millones de clientes con contador inteligente y listo para la telegestión. Al resto de clientes con PVPC  se les seguirá aplicando el patrón medio de consumo general correspondiente el tipo de tarifa que calcula Red Eléctrica (REE).

El precio del kilowatio (kW) del 40% de la factura variará 24 veces al día o 720 veces al mes. Un galimatías. Nadie podrá saber de antemano lo que le va a costar el próximo recibo porque dudo que nadie se dedique a calcular el precio de cada hora. En general,el coste es más elevado en las horas de más demanda, por ejemplo a las siete u ocho de la mañana en días laborables, y menor en las de menor, por ejemplo a medianoche y de madrugada. En cualquier caso, todo ello está construido a partir de un mercado de generación oligopolístico que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) afirma que estudiará (una vez más). Y la pieza angular del sistema, los contadores inteligentes, aún no están operativos en todos los hogares. Las compañías deben aplicar un calendario gradual de implantación que se prolonga hasta el 2018.

¿Le servirá de algo todo ello al consumidor? Más bien de poco. El margen de ahorro aprovechando los precios horarios se podrá desarrollar en electrodomésticos que se utilizan ocasionalmente, como una plancha,un microondas, un lavavajillas o una lavadora. Unos céntimos o un euro al mes de ahorro como mucho, estiman algunos expertos. Pero el que más consume, el frigorífico, por ejemplo, difícilmente se apagará o encenderá en función de lo que cueste la luz. Seguro.

Quienes sí que que sacan más partido de la situación son las eléctricas, en especial las mayores que, además de distribuidoras (negocio regulado) tienen filiales comercializadoras en el libre mercado. Ante el temor del usuario a la imprevisibilidad de los precios les ofrecen cuotas estables con las que ganar seguridad a costa de pagar más u otros inventos comerciales con los que apenas se ahorrarán nada. De nuevo se regula en favor de los oligopolios y de espaldas a los verdaderos intereses de los consumidores. En fin, nada nuevo.

Hay viento, pero no ganas de emplearlo

Para muestra un botón. Y para demostrar el escaso interés por fomentar las energías renovables en Catalunya, los datos. Apenas el 5% de la potencia instalada en España se encuentra en esta comunidad, pese a haber sido pionera en los años 90, a ser la quinta parte de la economía y representar el 19% del consumo eléctrico.

Por eso la patronal del sector en la autonomía, Eoliccat, ha dado un toque de atención a los partidos y coaliciones que concurren a las elecciones autonómicas del 27-S. Hasta ahora, ninguna de los que ha gobernado ha dado muestras de apostar claramente por estas energías fomentadas desde la Unión Europea (UE). A los datos me remito.

En el mismo documento, Eoliccat se hacen varias propuestas que pasan por las manos del Ejecutivo autonómico y que abarcan desde una mayor agilidad en la tramitación burocrática de los permisos hasta un nuevo mapa eólico. El vigente, además de anticuado deja fuera de la posibilidad de construir parques eólicos a la mayoría de zonas con un recurso eólico de más de 3.200 horas. Seguro que se puede compatibilizar respeto con el medioambiente con la cobertura de las necesidades energéticas.

Porque, al margen de la hidroeléctrica y de la nuclear (que requiere uranio y tiene un riesgo inherente muy importante, aparte de la gestión de los residuos) solo las energías renovables permiten ganar autonomía y reducir la dependencia de combustibles fósiles, caros (aunque ahora menos) y contaminantes. Y eso son opciones políticas que las distintas fuerzas que concurren a las comicios del 27-S deben explicar. Al igual que un pacto sobre la energía. Ahora que hay elecciones todos se muestran dispuestos pero luego... Ya veremos ¿Se lo llevará el viento?

Inversión colectiva en una minicentral hidroeléctrica

La cooperativa Som Energia ha vuelto a innovar. En cuestión de un par de horas ha cerrado una emisión de capital de 800.000 euros con la que financiar la compra de una minicentral hidroeléctrica de un megawatio (MW) de potencia en Valteína, cerca cde Peñafiel (Valladolid).

El objetivo de la operación es seguir aumentando la capacidad de producción energética renovable propia. La minicentral adquirida, construída en 1947, estuvo parada hasta el 2004, cuando volvió a ponerse en marcha. La central tiene prima hasta el 2028, un total de 187.000 euros anuales. La cooperativa calcula una rentabilidad de entre el 9% y el 13%.

La cooperativa promueve también nuevas instalaciones renovables a través de otro modelo de inversión participada llamado Generation kWh (www.generationkwh.org). Este modelo permite invertir para impulsar proyectos que generen la electricidad que usa una familia o empresa durante los próximos 25 años.

Peajes y trabas a la competencia y la innovación

Generalmente ya tiemblo cuando alguna empresa o sector clama por la regulación. Cuando surge nueva competencia, la tentación es reclamar que esta se frente. Y un buen sistema es redactar normas que protegen a quienes ya están consolidados en un  negocio y crean barreras de entrada a nuevos jugadores. Nada nuevo. El propio Michael Porter lo tiene muy estudiado.

Pero en este país unos tienen más suerte que otros en este cometido. A las eléctricas les suele funcionar. Aunque se han producido retoques en el proyecto de regulación del autoconsumo, la filosofía del texto sigue siendo la que se tenía al principio: hacer pagar a quienes consumen la energía que se producen ellos mismos con el pretexto de que deben contribuir al mantenimiento del sistema general, lo usen o no. Desaparece el cargo preventivo de acceso (por si usan la red), pero se crean otros dos que desincentivarán esta fórmula que en otros países se incentiva como vía de formentar energías renovables como la solar.

Como denuncian los representantes del sector fotovoltaico, uno de los más afectados por este proyecto de norma, no se trata de proteger lo que el sistema deje de ingresar si aquellos que generan y consumen su propia electricidad electricidad dejan de contribuir, sino de garantizar que las eléctricas pierden el mínimo de ingresos. De hecho, ya se las favoreció con una importante subida de la parte fija del recibo (la potencia contratada) en un momento en el que la demanda era muy débil.

Y lo mismo sucede con las cargas que se prevén por usar acumuladores como el que ha lanzado Tesla en EEUU y que aún carece de fecha para entrar en el mercado español. Parece, de hecho, que el Gobierno tiene poco interés en que llegue este sitema que permiten 'guardar' electricidad y consumirla cuando se crea conveniente.

No son más que despropósitos y frenos a la innovación en favor de los ya establecidos. Que contribuyan a pagar este tipo de infraestructuras quienes las usen, como por ejemplo sucede en las autopistas de peaje. Cualquier otra iniciativa como la que se quiere implantar en el autoconsumo equivaldría a crear una tasa dirigida a quienes van a pie o en bicicleta para penalizarles por no emplear las carreteras o el coche para circular por ellas para favorecer a los constructores de obra civil o a los fabricantes de automóviles. Surrealista.

Suma Capital redobla la apuesta por la eficiencia energética

Suma Capital ha llevado a cabo su cuarta inversión en eficiencia energética. A través de su fondo SC Energy Efficiency Fund, participa en la externalización de diversas medidas de eficiencia y ahorro en los Vilars Rurals del grupoo catalán Sehrs, con el Grup Soler como socio técnico.

El objetivo es alcanzar un ahorro del 40% en el consumo con respecto al que se realiza en la actualidad mediante medidas que afectan a la energía térmica para calor y agua caliente con biomasa, así como mejoras en la iluminación y sistemas de monitorización y control. Esta iniciativa se lleva a cabo en las instalaciones de Sehrs en Arnés (Terra Alta), Cardona (Bages) y Sant Hilari (la Selva).

Suma Capital cuenta con 20 millones para este tipo de actuaciones. Es el primer fondo existente en España con esta especialización y en el mismo participan además del Instituto de Crédito Oficial (ICO), 'family offices' y otros inversores.

Las energías renovables, a la vía penal

El combate contra el recorte a las energías renovables da un salto cualitativo. De los miles de denuncias civiles se pasa ahora a la vía penal de la mano de la Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME).

Las dos organizaciones han iniciado un proceso de recogida de firmas de todos aquellos que quieran sumarse al escrito que presentarán ante la Fiscalía Especial Anticorrupción por presunta prevaricación del ministerio de Industria en el proceso de cálculo del recorte que afecta al sector. La denuncia se centra en el papel jugado por las consultoras Roland Berger y Boston Consulting Group (BCG) que, en esencia debían validar un sistema de cálculo de retribución de las energías renovables que fuera neutral y equitativo. Lo cierto es que no ha sido así y todo el proceso está envuelto en un enorme halo de "arbitrariedad", según los denunciantes.

Som Energia aprueba su nuevo modelo de inversión en energías renovables

La cooperativa Som Energia ha aprobado en su última asamblea de socios poner en marcha el proyecto Generation kWh, un nuevo modelo de inversión en energías renovables que retribuye con kilowatios a menor precio en vez de en dinero.

Tras una primera fase para ver si la idea era aceptada, se ha decidido ponerla en marcha. Se trata de llevar a cabo un proyecto de autoproducción, pero compartida, para evitar las trabas regulatorias a este tipo de generación. Más de 1.600 personas se han sumado ya a esta iniciativa que pretende paliar las dificultades de invertir en energías renovables provocadas por los recortes del Gobierno al sector.

En la asamblea también se autorizó a destinar los recursos obtenidos a través de un donativo voluntario a combatir la pobreza energética.

El año pasado, Som Energia  llegó a los 19.000 socios en toda España. La producción energética propia alcanzó el 5,2% del total. En el ejercicio actual está previsto facturar está previsto facturar 15 millones de euros, con un incremento del 66% y dar servicio a más de 30.000 hogares y empresas.

Renovables: Y ya van 12 demandas ante el Banco Mundial

El Gobierno español se está haciendo muy popular en el organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial, el Ciadi. Una sociedad alemana, BayWa ha presentado la décimosegunda demanda contra el Reino de España ante ese organismo internacional por los recortes aplicados a las energías renovables por parte del Ejecutivo español.

La compañía, que opera en España desde el 2010, cuenta con el asesoramiento legal de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. BayWa, filial de la firma alemana del mismo nombre, tiene varios proyectos fotovoltaicos en cubiertas y suelo en España. Uno de ellos en el Puerto de Barcelona, que ocupa más de 65.000 metros cuadrados y dispone de una potencia de 3,3 megawatios (MW).

En la actualidad cuenta con 11 plantas fotovoltaicas con 30 MW instalados. Además se ocupa la supervisión técnica de 21 plantas con más de 50 MW repartidas por toda España.

Esta es la cuarta demanda contra España por el mismo motivo en lo que va de año. Hace pocos días lo hizo la sociedad con capital norteamericano 9REN y con anterioridad otras dos, con lo que en total ya acumula 12 denuncias.

Ministerio de Industria: del viento a la brisa

Como sucede siempre en política, el ministerio de Industria rectifica. Pero a medias. Prepara una nueva subasta de potencia eólica y biomasa, la primera desde el 2012.

No obstante, los 500 megawatios (MW) de energía eóloca y 200 de biomasa que someterá a licitación con derecho a incentivos, que no primas a la producción, que se eliminaron con efecto retroactivo; son insuficientes. En su propia planificación, el ministerio de Industria estima que se precisan entre 4.553 y 6.743 MW anuales de aquí al 2020 para cumplir con los objetivos europeos. Y con lo previsto, esto se queda muy corto.

La patronal Asociación Empresarial Eólica (AEE) critica que, una vez más, se haya preparado la nueva subasta sin consultar con el sector y advierte de que la inseguridad jurídica se mantiene, ya que la reforma legal realizada permite modificar las condiciones económicas cada seis años. El primer cambio para los cambios implicados en esta subasta se producirá en el 2019. Eso impide a los inversores estimar la rentabilidad de su proyecto más allá de los primeros años.

Esta organización calcula que la rentabilidad a la que está previsto retribuir los nuevos parques o repotenciaciones (40.000 euros por MW) es alrededor del 60% inferior a la de los parques instalados en el 2013 y el 2014. En resumen, más que energía obtenida del viento o, el ministerio de Industria parece haberse propuesto que esta provenga de la brisa, ya que sus planes dan para poco más. 

Y al año NO se hizo la luz (II)

Lo comentábamos el otro día: el balance del primer año del nuevo sistema de tarifas eléctricas es más bien penoso. Facua incide en ello y asegura que la factura del usuario medio
acumula una subida interanual del 12,7% tras bajar un punto en marzo.

Según esta organización, el recibo del usuario medio ha pasado de los 66,33 euros mensuales de marzo del 2014 a los 74,73 euros del mes pasado (impuestos indirectos includos), una diferencia al alza de 8,40 euros. si lo que se quería es que el usuario pagara más, se ha lobgrado, desde luego.

Facua ha comparado la tarifa por kilowatio por hora (kWh) vigente y la tarifa media del kWh de marzo de este año aplicable al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) con la tarifa consolidada correspondiente a marzo del 2014. El kWh de energía consumida ha subido en un año un 18,0%, mientras que el kW de potencia contratada no ha variado desde febrero de 2014 (fecha en la que subió un 17,9%).

Facua reclama al Gobierno que intervenga en el sector para que las tarifas se establezcan sobre la base de los costes reales de la generación energética y los usuarios dejen de ser víctimas de prácticas oligopolísticas. A su vez esta organización exige al Ejecutivo que asuma la sentencia dictada el pasado 23 de octubre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En ella se indica que los usuarios de luz y gas deben ser informados de las subidas tarifarias antes de que entren en vigor, algo que no ocurre en España. De esta forma, los consumidores españoles podrían impugnar las tarifas de los últimos años.

Según Facua, con las tarifas vigentes en marzo del 2014, el usuario medio pagaba 66,33 euros (un 17,6% menos que en marzo del 2013), 63,98 en abril, 71,46 en mayo, 75,31 en junio, 73,88 en julio, 75,87 en agosto, 80,63 en septiembre, 80,00 en octubre, 76,01 en noviembre, 76,61 en diciembre, 79,62 en enero de 2015, 75,39 en febrero y 74,73 en marzo. Los importes indicados para las facturas del usuario medio en los tres primeros meses del 2014 incluyen el descuento aplicado con posterioridad a las tarifas que se habían aprobado de forma provisional.

Y al año NO se hizo la luz

Las reformas se acostumbran a llevar a cabo para mejorar cosas que no funcionaban. En el caso de la electricidad, el balance del primer año del nuevo sistema de tarifas no puede ser más pobre.

Ni se ha simplificado el sistema porque los usuarios son incapaces de prever lo que van a pagar en el siguiente recibo. Ni la luz es más barata. Según el experto en regulación energética, Jorge Morales de Labra: "Sin reforma, los precios serían hoy un 14% más bajos". Y si se comparan con un año atrás, con la reforma aplicada, son al menos entre el 5% y el 10% más altos, según el perfil del consumidor, explica.

Otra cuestión digna de ser mencionada es la de la telegestión. En su día, el ministerio de Industria, tras anular la modalidad anterior basada en subastas trimestrales para fijar una parte del recibo, anunció que el usuario podría adaptar su consumo a los precios horarios (24 al día y 720 al mes). Pero para ello eran necesarios contadores inteligentes y las eléctricas disponen de tiempo hasta el 2019 para renovar todo el parque, aunque se hace por fases y ya deberían haberse cambiado el 35%.

Pero es que ni siquiera teniendo uno de estos medidores ya instalado se puede uno beneficiar de eso porque el Gobierno, después de un año, no ha publicado aún los protocolos y requisitos técnicos para desarrollar la telegestión. Y las eléctricas, descontentas también con la reforma aunque por otro motivos, exigen también más tiempo para adaptar sus sistemas. Lo que se aplica por ahora es un patrón general  que responde al consumo medio de todos los hogares de un mismo perfil.  

En una época electoral como la actual espero pocas novedades relevantes. Al final resultará que hace un año el Gobierno solo se trató de ganar tiempo, de imponer un parche para evitar una fuerte subida de tarifas en enero del 2014. Logró el efecto inmediato entonces, pero nos ha metido en un embrollo aún mayor, cuando podría haber acometido una verdadera reforma para introducir competencia efectiva en el mercado.

Pero nada más lejos de eso. Los únicos cambios radicales han consistido en frenar el desarrollo de las energías renovables, con un hachazo con efectos retroactivos que ha paralizado el sector, que se encuentra en los tribunales y puede salirle caro al Ejecutivo, o más bien, al conjunto de los contribuyentes. Ha provocado, además, al menos 10 demandas contra España de inversores extranjeros ante el organismo de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi. Todo un récord para convertirse en campeones globales de la inseguridad jurídica.

Y otro ejemplo es el impuesto al sol o mejor dicho, el gravamen aplicable a quienes producen su propia electricidad con energía solar, usen o no la red general. Y es que todo esto demuestra que seguimos siendo un país dominado por los monopolios o, como mucho, por los oligopolios.

Soria, tocado y ¿hundido? por las energías renovables

Inaudito. Por no decir otra cosa. Ahora resulta
--muchos lo sospechaban-- que el recorte a las energías renovables carecía de apoyo técnico sufiente. Los informes de Roland Berger y Boston Consulting en los que en teoría se basaba el ajuste y que el ministro de Industria, José Manuel Soria, se negó a mostrar en el Congreso, son posteriores a la reforma.

No es de extrañar que el ministro no quisiera mostrarlos. Uno, el de Roland Berger, costó 300.000 euros; y el otro, el de Boston Consulting, 295.000 euros. El primero se recibió cuatro meses después de aprobarse la reforma a través de la orden ministerial 1045/2014. Y el segundo ni siquiera se hizo o terminó porque resulta que el ministerio rescindió el contrato en febrero pasado por incumplimientos.

Es normal que los afectados, muchos de ellos asfixiados financieramente, y las organizaciones del sector, como Eoliccat exijan explicaciones al Gobierno. La asociación de productores fotovoltaicos Anpier revelaba recientemente una encuesta según la cual más de un tercio de estos productores sufrían rentabilidades negativas. La indignación es mayúscula, tal como manifiesta la Fundación Renovables, que denuncia "una arbitrariedad mayúscula a favor del oligopolio eléctrico".

Con retraso y a regañadientes, el ministerio ha acabado entregando esta documentación para completar los recursos contencioso-administrativos presentados contra la orden ministerial que significó un auténtico hachazo para las energías renovables y en contra del real decreto 413/2014 en el que se fijan los nuevos parámetros retributivos para las renovables y la cogeneración. En alto tribunal hay más de 300 recursos presentados por empresas, particulares, organizaciones, etc.

Lo que se ha conocido hoy supone un error tan gigantesco que dará alas a los recursos y demandas que se han interpuesto contra la reforma y que trascienden las fronteras. En el tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial, el CIADI, se acumulan ya 10 demandas contra el Reino de España. Soria debe estar tocado por todo este desaguisado que puede costar unos 6.000 millones según las estimaciones de algunos expertos como Jorge Morales de Labra. Veremos si hundido...

Te recorto y te pago tarde

Algo debe tener el Gobierno contra las energías renovables. No solo les recortó las remuneraciones al eliminar el régimen de primas a la producción con efecto retroactivo sino que, encima, paga tarde.

Es lo que denuncia la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), que a su vez exige mecanismos financieros para evitar la asfixia financiera del sector como consecuencia de la aplicación de la ley 24/2013 del sector eléctrico. Al final, es el Ejecutivo con su reforma el que ha dejado a muchas empresas en números rojos.

Según esta organización, en su última liquidación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las empresas ha cobrado el 84,08% de los devengado hasta el momento. Eso supone que queda pendiente de cobro el 15,92% de la retribución prevista.

Al entender de APPA, al castigo por los recortes, que ha dejado con déficit muchas explotaciones en su mayoría pequeñas y medianas, se añade la "tremenda carga impositiva de todo tipo" que han de soportar las empresas de renovables.

Y la Secretaría de Estado de Energía, no sabe ni contesta. Ni si quiera propone un documento oficial de reconocimiento de deuda para que los empresarios traten de financiarse.

El Gobierno no es tan remolón cuando tiene que avalar el denominado déficit de tarifa, que alcanzó casi los 30.000 millones de euros y que se financia con intereses y a plazos a través del recibo de la luz que pagamos todos. Lo dicho, sin querer ser malpensado, el Gobierno tiene algo contra las energías renovables o al menos lo parece.  

Gasolina: las pruebas de la concertación

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado la resolución que contiene la mayor multa jamás impuesta a petroleras en España, con un total de 32,4 millones (Repsol, 20 millones; Cepsa, 10 millones, Disa, 1,3 millones; Galp, 800.000 y Meroil, 300.000).

Es cierto que, por ejemplo, para Repsol la cantidad apenas supone el equivalente a cuatro días y medio de su beneficio anual. Pero, en todo caso, pone de relieve una vez más la necesidad de romper con los monopolios y oligopolios, que frenan la competencia y la modernización de España. Es una de las muchas asignaturas pendientes que le quedan al Gobierno.

La resolución está plagada de pruebas recogidas durante las inspecciones a gasolineras y sedes de las compañías. A veces referencias indirectas, otras un poco más directas, revelan o hacen intuir una cierta concertación en materia de precios, al menos en determinadas zonas. De hecho, la CNMC atribuye a las dos más grandes, Repsol y Cepsa, acuerdos de precios, de no agresión e intercambio de información.

A Disa, además de pactos de no agresión, intercambio de información y a las otras dos, Galp y Meroil, canje de informaciones, como por ejemplo márgenes en determinadas zonas ¿Es esto competencia? Como mínimo no lo parece,. aunque las compañías aleguen lo contrario. Una cosa es la buena relación entre competidores y la otra la concertación y el pacto en detrimento del usuario.

¿Qué pasa con las gasolinas?

Ya son muchas las veces que las autoridades de la competencia, tanto las que existían antes de la CNMC como el actual ente supervisor, han perseguido prácticas discutibles en las gasolineras de las petroleras. La última se ha saldado con una sanción de 32,4 millones que no tiene precedentes.

La mayor parte de la sanción se la llevan las dos mayores operadoras, Repsol (20 millones) y Cepsa (10 millones). Y aún baila otra multa impuesta en el 2009 por supuesto incumplimiento por parte de las compañías de una resolución del regulador sobre la imposición de precios a terceros que utilizan las marcas de las petroleras implicadas.

Algo sucede en este sector y no creo quew solo tenga que ver con supuesta animadversión del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, a las petroleras. Está claro: funciona como un oligopolio comparable al de las eléctricas. Y poco se ha hecho por romperlo, aunque en apariencia se ha regulado en este sentido.

Es una profunda reforma pendiente que necesita este país, en el que aún existe poca competencia en sectores clave y estratégicos, en los que unos pocos marcan las pautas y frenan la competitividad. Porque, diga lo que diga el Gobierno, la liberalización de determinados mercados, como este o el eléctrico, sigue pendiente. Y a las pruebas me remito.

Inversión con kilovatios 'verdes' como rendimiento

En tiempos duros como los actuales para las energías renovables ha surgido una iniciativa para que estas vuelvan a recuperar el brío una vez que el Gobierno ha eliminado los incentivos para instalaciones nuevas. La cooperativa Som Enegia ha lanzado una iniciativa para atraer inversores que serían remunerados, no con intereses durante el periodo de amortización, sino con electricidad a un precio reducido en función de la aportación realizada.

El proyecto se denominada Generation KWH y puede uno inscribirse a través de esta web. Som Energia evaluará el número de interesados y las aportaciones que están dispuestos a realizar para construir instalaciones eólicas, solares y minihidráulicas. Luego, convocará una asamblea para, a principios de mayo, decidir los proyectos. La retribución de los participantes se aprobará por esste mismo órgano de gobierno anualmente.

Se trata de llevar a cabo un proyecto de autoproducción, pero compartida, para evitar también las trabas regulatorias a este tipo de generación de energía. A su vez se persigue atraer de nuevo inversión, que está totalmente paralizada como consecuencia de la reforma energética del Gobierno y ha situado a España a la cola en nuevas instalaciones y se corre el riesgo de perder los puestos de cabeza en potencia 'verde' instalada.

¿Hasta dónde puede caer la energía renovable?

¿Hasta dónde puede caer la energía renovable en España? La reforma energética, con el recorte a este tipo de energía ha situado al país a la cola en instalación de potencia nueva, por ejemplo en el apartado de energía eólica, en el que era un líder. Y no se prevén buenas perspectivas a corto y medio plazo.

 Aunque el país se mantiene en los puestos de cabeza como consecuencia del 'boom' vivido en los años anteriores, otros países suben con fuerza. Un país debe tener apuestas estratégicas, a largo plazo, y mantenerlas al margen de los cambios políticos a corto plazo.

De lo contrario sucede lo que está pasando en la actualidad: tenemos una industria amenazada de muerte y se acumulan las denuncias contra España en el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, el Ciadi. Además de perder una industria innovadora y sostenible corremos el riesgo de perder toda credibilidad como país para los inversores de otros países.

Varapalo del PP a la reducción del IVA en servicios básicos

Pues no pudo ser. El PP ha frenado la tramitación de una proposición de ley de Izquierda Plural para reducir el IVA de servicios básicos como la luz, el agua, el gas o el transporte público. La oposición a la idea se entiende menos si se ve cómo se gravan estos suministros en otros países europeos, con gravámenes más bajos, tipos reducidos e incluso dejándolos exentos. En cualquier caso, ¿qué sentido tiene cargue con el mismo IVA el recibo de la luz, que además está gravado por otro tributo específico como el de la electricidad, que un anillo de diamantes?  

A pesar del apoyo del resto de fuerzas parlamentarias, la iniciativa no ha podido prosperar. El rodillo de la mayoría absoluta. El argumento popular es que con las políticas que fomentan el crecimiento se generará más empleo, se reducirá el paro y, por tanto, habrá menos hogares en dificultades para pagar las facturas. Y eso, sinceramente, es como decirle a alguien que se asfixia que esté tranquilo porque él quizás se morirá, pero otros, en el futuro y en la misma situación , se salvarán. Ningún sentido de la emergencia ante situaciones desesperadas. Menos mal que los médicos no mantienen esos planteamientos...

Soluciones para la pobreza energética

Con ganas y voluntad seguro que hay soluciones para aliviar la situación de pobreza energética de muchos hogares. Una vía, por ejemplo, reducir el IVA que soportan los recibos de los servicios básicos como la luz, el gas y el agua, como propondrá este martes en el Congreso Izquierda Plural. A ver qué votan el resto de grupos parlamentarios y cómo lo justifican. En todo caso, la solución no parece que sea dejarlo en manos de las contribuciones voluntarias de las compañías y de los propios usuarios, al estilo de un gran maratón como se hace por navidad, como defiende la Generalitat. Si lo hacen las compañías, bienvenido sea, pero tampoco está mal reducir la carga tributaria de este tipo de gastos fundamentales para los hogares. Y más, teniendo en cuenta lo que han subido tan solo desde antes de empezar la crisis en el 2007. Por que ¿qué sentido tiene que estén gravados con el mismo IVA una joya que el recibo de la luz que, además, tiene otro impuesto específico, el de la electricidad que aún lo encarece más?

Las causas de la pobreza energética

Y luego nos extraña que se hable de pobreza energética. Los servicios básicos, como la luz, el gas y el agua han subido como mínimo el triple que los salarios desde el 2007, el último año antes de que estallara la crisis. Además, todo ello se produce en un contexto con menos empleados y más parados.

Por ello, el esfuerzo que supone el pago de estos servicios sobre los ingresos totales de un hogar se ha disparado. Parecerá poco que, por ejemplo, el recibo de la luz haya pasado de dos de cada 100 a más de tres de cada 100 euros de ingresos. Pero recordemos que son medias y, como recuerda el experto en energía Jorge Morales de Labra, eso supone que hay mucha gente para la que supone mucho más. El Consejo Social Europeo determina que la pobreza energética se produce cuando este tipo de gastos supone más del 10% de los ingresos de un hogar.

Que estos servicios, que son esenciales, suban de esta manera en un contexto de inflación negativa no hace más que revelar el fracaso del modelo de, por ejemplo, la forma de calcular el recibo de la luz ¿Acaso no se nos dice que el crecimiento de nuestras rentas no debe ir ligado ya al IPC? ¿Por qué la luz, por ejemplo, ha de subir incluso más que esa referencia? Ni los gobiernos socialistas ni los populares se han atrevido a solventar la cuestión. Y el problema persiste por no decir que empeora.  

Un recibo de la luz de infarto

Lo dijo ayer el propio ministro de Industria, José Manuel Soria: el recibo de la luz unos meses subirá y otros bajará. Y pide tiempo para determinar si el saldo es de alza o de reducción como, a su entender, fue en el 2013 y el 2014. Pero el sistema que introdujeron en abril se ha demostrado imprevisible, altamente variable y arriesgado para quienes tienen la tarifa regulada o precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya avisó de que estas cosas pasarían.

En un solo mes, de diciembre a enero, se ha encarecido una media de más del 3% y es previsible que así siga al menos en lo que queda de invierno, aunque el Gobierno se haya reservado la capacidad de incidir en la mitad de la factura, a través de los peajes (la parte regulada), que decidió congelar. Y lo que resulta más curioso: lo rápido que sale el Ejecutivo para decir que los precios bajan, cuando lo hacen; y lo lentos que son cuando sucede lo contrario.

Son las consecuencias de un modelo improvisado que se gestó en principio para frenar las subidas que se avecinaban con el sistema de subastas trimestrales (CESUR) que funcionó hasta diciembre del 2013. Pese a un inicio más plácido, porque el Gobierno fijó por decreto la tarifa de forma transitoria y los costes bajaron en primavera, ahora nos encontramos que, cuando estos suben, se nota mucho en el recibo, una de las cargas más importantes en una economía familiar. Y eso en un país en el que, hoy por hoy, la inflación es negativa. Si el ministro pide esperar para hacer balance es que no ve claro lo de la luz e implícitamente reconoce que ha creado un recibo de infarto, no solo para los usuarios, que son los realmente afectados, sino para el propio Gobierno, que se las prometía muy alegres promocionando a bombo y platillo la bajada del IRPF. A ver si ahora resultará que lo que ingresaremos de más por la reducción de impuestos se lo llevarán las eléctricas en el recibo...

143.000 firmas para rebrir la investigación de los 3.400 millones de las eléctricas

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y la plataforma activista Avaaz han reunido 143.000 firmas ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que reabra la investigación sobre los 3.400 millones de euros que las grandes eléctricas habrían cobrado de más entre 1998 y 2006 en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTCs). La devolución de esta cantidad no fue reclamada por los gobienros del PSOE ni el del PP.

La denuncia proviene de otra reclamación presentada en el 2013 por prescripción de la posibilidad de reclamar a las eléctricas este importe. Esta denuncia fue archivada en diciembre del pasado año al considerar la Fiscalía que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. La nueva denuncia se basa en la reciente publicación de documentos que apuntarían a posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos tanto por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como del actual Ejecutivo de Mariano Rajoy, al permitir deliberadamente que venciera el plazo legal para reclamar la devolución de lo cobrado en exceso. Tanto la abogacía del Estado como la antigua Comisión Nacional de Energía, hoy integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Aunque en principio, el plazo para exigir la devolución de las cantidades, que según los denunciantes, fue avalada por la abogacía del Estado, finalizaba en el 2010, algunos expertos entienden que en realidad debía vencer en julio del 2014. Eso afecta tanto al Ejecutivo socialista como al del PP. 

Los CTC fueron creados por el Gobierno popular de José María Aznar para compensar a las eléctricas integradas en la patronal Unesa por la liberalización del mercado eléctrico con la ley 54/1997, de 27 de noviembre. Esa cantidad, inicialmente fijada en unos 12.000 millones de euros se ajustó a un máximo de 8.663 millones. El Gobierno del PSOE acabó con los costes de transición a la competencia a través del real decreto ley 7/2006, de 23 de junio.