Pues bien, ahora le toca al bono social. Sí, ese descuento del 25% sobre la antigua tarifa regulada, hoy bautizada como PVPC, del que en principio disfrutan los colectivos considerados más vulnerables.
Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), son unos 2,4 millones de usuarios con una potencia contratada inferior a los 3 kilowatios (KW), pensionistas que perciben las prestación mínima de jubilación, incapacidad temporal, viudedad, familias numerosas y aquellas en las que todos sus miembros están en paro.
Al margen de que, según la CNMC, no se acogen a este descuento ni el 41% de los potenciales beneficiarios, los trapicheos regulatorios han hecho que el Tribunal Supremo invalide el sistema de financiación: pagan las eléctricas integradas, las cinco grandes y una veintena de pequeñas más, peor no aquellas que, por ejemplo, solo comercializan.
Las cinco grandes eléctricas han logrado su cometido gracias a una normativa improvisada y mal elaborada, sea por desconocimiento, que mala cosa sería, o de forma busca, que sería peor ¿Resultado? Hay que compensar a las compañías y a ver si adivinan quien va a pagar este desaguisado de unos 200 millones anuales desde el 2014.
En ninguna parte consta que esto tenga que ir a cargo del recibo de la luz, pero esta es la solución que se acostumbra a utilizar, tanto para compensar al sector por la moratoria nuclear, que se dejó de pagar el año pasado, como para cualquier otro descosido.
Si es política social debe ir a cargo de los Presupuestos del Estado, dicen las eléctricas. En resumen, debe pagarse con los impuestos de todos tengamos o no tengamos luz eléctrica y aunque nos iluminemos con velas.
Ya se han levantado muchas voces de alarma. Se lo ven venir. En manos del Gobierno que forme Mariano Rajoy tras la investidura está la solución, pero mucho me temo que casi podría adivinarla.
