¿Bono social? Veremos

¿Bono social? Veremos. Finalmente se ha aprobado el nuevo bono social, con descuentos de entre el 25% y el 40% para los consumidores más vulnerables, que incluso puede llegar al 50% en algunos casos.

Por primera vez se tiene en cuenta el nivel de ingresos de la unidad familiar, con una franja que va de unos 800 a los 1.300 euros mensuales como límite para poder acogerse, en función del número de componentes del hogar. También se limita el consumo anual que podrá beneficiarse de estos descuentos.

Habrá que ver cómo se desarrolla el nuevo modelo, en el que se ha aprovechado también para  ampliar de dos a cuatro meses el periodo para el corte de suministro a los consumidores vulnerables y se impide practicarlo a aquellos que además están en riesgo de exclusión social y además se hace cargo de al menos la mitad de su factura su comunidad autónoma.

En teoría, ni los descuentos ni la parte del recibo de los clientes en riesgo de exclusión social que no financian las autonomías correrán a cargo del conjunto de los contribuyentes. Veremos.

No olvidemos que el modelo que funciona hasta ahora se tuvo que cambiar, no por convencimiento o interés del Gobierno, sino porque el Tribunal Supremo consideró que no se ajustaba a la normativa comunitaria.

En principio parece un sistema mejor que el actual, pero dudo de que sirva para cubrir a toda la población que en realidad lo necesita, es decir de quienes están afectados por la pobreza energética,  que es un mal que ya arrastraba el sistema actual. Y es que, ojo, como dice el experto Jorge Morales de Labra: Una familia numerosa con 100.000 euros anuales de ingresos gozará de un descuento del 25% en el recibo de la luz. Una pareja con 12.000 €, no. Malo, malo....

¿A que no sabéis quién pagará el primer laudo contra el recorte a las energías renovables?

A ver. Supongo que no podéis ni imaginar quién acabará pagando los 128 millones de euros que ha impuesto el laudo arbitral del Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, a España por el recorte a las energías renovables, ante la denuncia presentada por el fondo Eiser Infraestructure, que invirtió casi 1.000 millones en una planta termosolar en la provincia de Ciudad Real y otra en la de Badajoz.

Echadle un poco de imaginación. La medida se llevó a cabo para reducir el déficit de tarifa (resultado de la diferencia entre los costes de producir la electricidad y los ingresos reconocidos a las generadoras). Estaba, por tanto, destinada a obtener ahorros.

La cuestión es que la propia que la ley eléctrica establece que los superávits obtenidos (más de 1.200 millones desde el 2014) deben destinarse a reducir la deuda eléctrica, que supera los 23.000 millones de euros.

En el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para el 2017, el Gobierno se las ha ingeniado para sortear la prohibición de la ley eléctrica y permitir usar el superávit para pagar sentencias judiciales relacionadas con el sector eléctrico. Magia. Echa le ley...

Teniendo en cuenta que quedan pendientes de resolución en torno a una treintena de denuncias en organismos arbitrales por más de 3.500 millones, el tema es para preocuparse. Aunque el ministerio de Energía se esfuerce en quitarle públicamente importancia y a pesar de que los organismos arbitrales suelen rebajar la cantidad que solicita el reclamante.

Por cierto, tras dos resoluciones favorables a España, relacionadas con las medidas tomadas por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2010; esta corresponde a los recortes llevados a cabo por el dimisionario ministro de Industria José Manuel Soria, y el secretario de Energía de entonces, Alberto Nadal, hermano gemelo del titular de la nueva cartera de Energía, Álvaro; y hoy secretario de Estado de Presupuestos.  Todo queda en familia. Y, quedando pendientes tantos fallos, al Gobierno le quedan pocas salidas:

Una sería cargarlo sobre la tarifa, lo cual supondría recargar sobre la misma otro coste adicional, cuando ya sufre una sobrecarga de los mismos. Otra vía sería cargos a los Presupuestos, es decir, a cuenta de los impuestos que pagamos todos y poniendo en riesgo el sacrosanto objetivo de déficit público.

La otra opción será recurrir al superávit, saltándose su propia legalidad. Ya puestos, la seguridad jurídica no es signo distintivo del país ni, especialmente, del Gobierno del PP.

En resumidas cuentas, se toma la opción que se tome, tras los recursos y demoras que el Ejecutivo seguro que buscará para quietarse el problema de encima, quienes pagarán estas malas prácticas serán tanto quienes se vieron perjudicados por las mismas, es decir, quienes invirtieron creyendo en unas reglas de juego que les cambiaron a mitad de partido; y el resto de los usuarios. Y con intereses. Esto sí que es economía circular, como destaca el experto Jorge Morales de Labra.

¡Boom!
España pierde el primer arbitraje por el hachazo a renovables
¿Adivinas quién va a pagar las indemnizaciones?https://t.co/3yTun5wTb0

— Jorge Morales dLabra (@jorpow) 5 de mayo de 2017

¿Quién debe pagar el bono social?

La pregunta es sencilla: ¿Quién debe pagar el bono social? Lo primero, de todas formas, es cuestionarse si el instrumento se ajusta al objetivo para el que nació.

Diseñado con un descuento del 25% en la tarifa regulada o precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) para aquellos usuarios que, en principio están en situación vulnerable, no parece ajustarse a sus objetivos iniciales. Además, quien no tiene para pagar el recibo de la luz completo difícilmente tendrá para hacerlo con el 75%.

Lo cierto es que los 2,4 millones de beneficiarios que tienen este descuento ni son todos los que deberían disfrutar del mismo ni, por supuesto, suponen una muestra representativa de lo que se entiende como pobreza energética. Unas quizás podrían pagar el recibo y, en cambio, tienen el descuento mientras que otros no tienen ni la posibilidad de acceder al mismo.

La cuestión es que uno de los supuestos para acogerse es el de familia numerosa. Muchos dudan de que este sea un requisito suficiente si no se tienen en cuenta los ingresos de la unidad familiar. Incluso podría estar beneficiando a hogares que pueden pagar de sobras su recibo.

Y ahí radica una de las claves: en su configuración actual, el bono social no tiene en cuenta el poder adquisitivo del beneficiario. Y debería tenerlo. De esta forma englobaría a más afectados.

Y, de nuevo, la pregunta: ¿Y quién debería pagarlo? Si escuchamos a las eléctricas apuestan por los Presupuestos del Estado porque consideran que es política social. Y eso equivale a que lo paguemos todos vía impuestos. Y yo digo, teniendo en cuenta los privilegios de los que ha gozado el sector, como el perdón a los 3.400 millones cobrados de más entre 1998 y el 2006, entre otros ¿no debería ir a su cargo? ¿La respuesta? Sí.Seguro que ya lo recuperarán con el recibo.

O si no ya se ocupará el Gobierno de turno de permitírselo a través de una escondida disposición en una ley u otro tipo de normativa, como ya hicieron con la parte fija de la factura, que se paga se consuma o no, que pesa hoy más del doble de lo que pesaba en el recibo.

Del mazazo a las energías renovables a la puñalada del bono social

Si alguien puede pasar a la historia de los despropósitos este es el exministro de Industria, José Manuel Soria. El otro día, por ejemplo, hablábamos de la pérdida de peso de la industria de las energías renovables como consecuencia de la reforma energética que llevó a cabo y que ha hecho que España se encuentre entre los países con más denuncias en el organismo arbitral del Banco Mundial, el Ciadi.

Pues bien, ahora le toca al bono social. Sí, ese descuento del 25% sobre la antigua tarifa regulada, hoy bautizada como PVPC, del que en principio disfrutan los colectivos considerados más vulnerables.

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), son unos 2,4 millones de usuarios con una potencia contratada inferior a los 3 kilowatios (KW), pensionistas que perciben las prestación mínima de jubilación, incapacidad temporal, viudedad, familias numerosas y aquellas en las que todos sus miembros están en paro.

Al margen de que, según la CNMC, no se acogen a este descuento ni el 41% de los potenciales beneficiarios, los trapicheos regulatorios han hecho que el Tribunal Supremo invalide el sistema de financiación:  pagan las eléctricas integradas, las cinco grandes y una veintena de pequeñas más, peor no aquellas que, por ejemplo, solo comercializan.

Las cinco grandes eléctricas han logrado su cometido gracias a una normativa improvisada y mal elaborada, sea por desconocimiento, que mala cosa sería, o de forma busca, que sería peor ¿Resultado? Hay que compensar a las compañías y a ver si adivinan quien va a pagar este desaguisado de unos 200 millones anuales desde el 2014.

En ninguna parte consta que esto tenga que ir a cargo del recibo de la luz, pero esta es la solución que se acostumbra a utilizar, tanto para compensar al sector por la moratoria nuclear, que se dejó de pagar el año pasado, como para cualquier otro descosido.

Si es política social debe ir a cargo de los Presupuestos del Estado, dicen las eléctricas. En resumen, debe pagarse con los impuestos de todos tengamos o no tengamos luz eléctrica y aunque nos iluminemos con velas.

Ya se han levantado muchas voces de alarma. Se lo ven venir. En manos del Gobierno que forme Mariano Rajoy tras la investidura está la solución, pero mucho me temo que casi podría adivinarla.

España al margen del 'boom' mundial de las energías renovables

Lo dice claramente la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El año pasado, las energías renovables se convirtieron en "la mayor fuente mundial de energía por capacidad instalada, por delante del carbón, tras crecer el 15% la generación.

Pero el mundo parece que en España, donde está paralizada la actividad de las energías renovables tras los mazazos de la reforma del Gobierno del PP, nos pilla lejos. Vamos a contracorriente, después de haber sido una potencia.

Ha sido uno delos grandes legados del que fuera ministro de Industria, José Manuel Soria: la parálisis total cuando la AIE ha corregido muy al alza la previsión de crecimiento para estas fuentes energéticas entre el 2015 y el 2021.

Solo el mercado exterior ha permitido sobrevivir a esta industria que el Ejecutivo de Mariano Rajoy empleó para sus folletos de promoción de país moderno. Pero, desde luego, sin ninguna intención de apoyarla realmente como se ha podido constatar.

El próximo Gobierno que salga de la investidura tiene la dura y difícil tarea de reconducir la situación. Teniendo en cuenta que es el mismo partido es el que gobernará hay pocas, por no decir nulas, esperanzas de cambio de rumbo.

Si este se produce seguramente procederá del Congreso, donde la oposición puede demostrar si su defensa de las energías renovables era verdadera o solo un reclamo electoral. De seguir como estamos mucho tiempo no solo nos ganarán Alemania o Reino Unido, que superan a España en energía solar --cuando ven menos días al año al astro rey que aquí--  sino cualquier otro país.

Otro año sin nueva energía eólica

Otro año más sin un solo megawatio (MW) nuevo de energía eólica. El 2015, como el ejercicio anterior, pasará a la historia como un auténtico despropósito. Una cosa similar no ocurría desde los años 80 del siglo pasado, recuerda la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

Que el sistema de primas a la producción de energías renovables probablemente no se reguló de forma correcta o adecuada nadie lo duda, pero la cura está resultando casi peor que la enfermedad. De hecho se ha vuelto prácticamente a los orígenes de la industria eólica en España, cuando apenas era algo simbólico. La diferencia es que el año pasado cubrió más del 19% de la demanda, con los 22.988 MW de potencia instalada existentes.


El gráfico de la AEE lo dice todo. El de la última legislatura habla por sí solo. En los últimos cuatro años solo se han instalado 1.932 MW. Y desde que entró en vigor el nuevo sistema retributivo en el 2013 solo se han instalado 27 MW.

La industria ya leva unos años viviendo de la exportación. En el 2014 y en el 2015, los productores de aerogeneradores destinaron al exterior el 100% de lo fabricado. Si eso se consolida, la tendencia a instalar los centros productivos cerca de donde existe la demanda se convertirá en una realidad, como ya ha sucedido con la promoción de proyectos.

Todo ello aleja a España de cumplir el compromiso con la Unión Europea en cuanto a las energías renovables en el 2020. De ahora a ese año, las necesidades para alcanzar esa meta son de más de 6.000 MW.

La primera subasta que se llevó a cabo hace unos días, la primera en casi cuatro años, sirvió para otorgar 500 MW y ampliar la incertidumbre, dados los resultados que se obtuvieron.

El sector reclama seguridad jurídica, no cambiar la normativa de forma arbitraria y con efectos retroactivos así como establecer un calendario con las próximas subastas para aclarar un poco el panorama. De lo contrario, una industria que no hace tanto fue puntera y ejemplo de cambio del modelo productivo pasará a ser un hecho del pasado, o sea , historia.

El Banco Mundial prevé un petróleo más barato

Pronóstico bajista. El Banco Mundial ha decidido revisar a la baja la previsión sobre el precio del petróleo y lo sitúa en una media de 37 dólares, frente a los 51 que estimaba en octubre pasado.

En su último informe sobre materias primas, la institución internacional entiende que el crudo a precios bajos durará "durante un tiempo?

¿A qué se debe esta tendencia? Según la entidad, existen una serie de variables de oferta y demanda que empujan la cotización del barril a la baja.

Una de ellas es la entrada en el mercado de petróleo procedente de Irán antes de lo previsto, una vez que se han levantado las sanciones contra esa república islámica. Eso se combina con un invierno más suave en el hemisferio norte, con la excepción reciente de la tormenta Jonás en EEUU; y unas previsiones de crecimiento más débiles en las economías emergentes, que son consumidoras intensivas de hidrocarburos. Y la más importante, China, que es la segunda economía mundial en tamaño y el segundo consumidor de crudo del planeta, ha dado muestras de desaceleración.

Los precios del petróleo cayeron el 47% el año pasado y está previsto que en el ejercicio actual o hagan una media anual del 27%, según el Banco Mundial. De todas formas se espera una ligera recuperación, ya que el descenso en lo que va del presente ejercicio no tiene relación directa con circunstancias concretas de la oferta y la demanda del mercado.

Otra de los motivos es que los productores de alto coste (por ejemplo en aguas profundas) seguirán recortando la producción a causa de sus pérdidas, lo que puede compensar la entrada de nueva oferta. Y una tercera causa es que la demanda podría aumentar con la mejora de las condiciones de crecimiento.

En todo caso la recuperación no será tan fuerte como la que se registró tras las crisis del 2008, 1998 y 1986, según la entidad. Y esa debilidad no afectará solo al petróleo si no a la mayoría de las materias primas a lo largo del 2016 como consecuencia de una "oferta elevada y, en el caso de las materias primas industriales, una demanda decreciente en los mercados de las economías emergentes.

Así, 37 de las 46 'commodities' que analiza el Banco Mundial se revisan a la baja para el presente ejercicio.