Gasolina: las pruebas de la concertación

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado la resolución que contiene la mayor multa jamás impuesta a petroleras en España, con un total de 32,4 millones (Repsol, 20 millones; Cepsa, 10 millones, Disa, 1,3 millones; Galp, 800.000 y Meroil, 300.000).

Es cierto que, por ejemplo, para Repsol la cantidad apenas supone el equivalente a cuatro días y medio de su beneficio anual. Pero, en todo caso, pone de relieve una vez más la necesidad de romper con los monopolios y oligopolios, que frenan la competencia y la modernización de España. Es una de las muchas asignaturas pendientes que le quedan al Gobierno.

La resolución está plagada de pruebas recogidas durante las inspecciones a gasolineras y sedes de las compañías. A veces referencias indirectas, otras un poco más directas, revelan o hacen intuir una cierta concertación en materia de precios, al menos en determinadas zonas. De hecho, la CNMC atribuye a las dos más grandes, Repsol y Cepsa, acuerdos de precios, de no agresión e intercambio de información.

A Disa, además de pactos de no agresión, intercambio de información y a las otras dos, Galp y Meroil, canje de informaciones, como por ejemplo márgenes en determinadas zonas ¿Es esto competencia? Como mínimo no lo parece,. aunque las compañías aleguen lo contrario. Una cosa es la buena relación entre competidores y la otra la concertación y el pacto en detrimento del usuario.

¿Qué pasa con las gasolinas?

Ya son muchas las veces que las autoridades de la competencia, tanto las que existían antes de la CNMC como el actual ente supervisor, han perseguido prácticas discutibles en las gasolineras de las petroleras. La última se ha saldado con una sanción de 32,4 millones que no tiene precedentes.

La mayor parte de la sanción se la llevan las dos mayores operadoras, Repsol (20 millones) y Cepsa (10 millones). Y aún baila otra multa impuesta en el 2009 por supuesto incumplimiento por parte de las compañías de una resolución del regulador sobre la imposición de precios a terceros que utilizan las marcas de las petroleras implicadas.

Algo sucede en este sector y no creo quew solo tenga que ver con supuesta animadversión del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, a las petroleras. Está claro: funciona como un oligopolio comparable al de las eléctricas. Y poco se ha hecho por romperlo, aunque en apariencia se ha regulado en este sentido.

Es una profunda reforma pendiente que necesita este país, en el que aún existe poca competencia en sectores clave y estratégicos, en los que unos pocos marcan las pautas y frenan la competitividad. Porque, diga lo que diga el Gobierno, la liberalización de determinados mercados, como este o el eléctrico, sigue pendiente. Y a las pruebas me remito.

Inversión con kilovatios 'verdes' como rendimiento

En tiempos duros como los actuales para las energías renovables ha surgido una iniciativa para que estas vuelvan a recuperar el brío una vez que el Gobierno ha eliminado los incentivos para instalaciones nuevas. La cooperativa Som Enegia ha lanzado una iniciativa para atraer inversores que serían remunerados, no con intereses durante el periodo de amortización, sino con electricidad a un precio reducido en función de la aportación realizada.

El proyecto se denominada Generation KWH y puede uno inscribirse a través de esta web. Som Energia evaluará el número de interesados y las aportaciones que están dispuestos a realizar para construir instalaciones eólicas, solares y minihidráulicas. Luego, convocará una asamblea para, a principios de mayo, decidir los proyectos. La retribución de los participantes se aprobará por esste mismo órgano de gobierno anualmente.

Se trata de llevar a cabo un proyecto de autoproducción, pero compartida, para evitar también las trabas regulatorias a este tipo de generación de energía. A su vez se persigue atraer de nuevo inversión, que está totalmente paralizada como consecuencia de la reforma energética del Gobierno y ha situado a España a la cola en nuevas instalaciones y se corre el riesgo de perder los puestos de cabeza en potencia 'verde' instalada.

¿Hasta dónde puede caer la energía renovable?

¿Hasta dónde puede caer la energía renovable en España? La reforma energética, con el recorte a este tipo de energía ha situado al país a la cola en instalación de potencia nueva, por ejemplo en el apartado de energía eólica, en el que era un líder. Y no se prevén buenas perspectivas a corto y medio plazo.

 Aunque el país se mantiene en los puestos de cabeza como consecuencia del 'boom' vivido en los años anteriores, otros países suben con fuerza. Un país debe tener apuestas estratégicas, a largo plazo, y mantenerlas al margen de los cambios políticos a corto plazo.

De lo contrario sucede lo que está pasando en la actualidad: tenemos una industria amenazada de muerte y se acumulan las denuncias contra España en el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, el Ciadi. Además de perder una industria innovadora y sostenible corremos el riesgo de perder toda credibilidad como país para los inversores de otros países.

Varapalo del PP a la reducción del IVA en servicios básicos

Pues no pudo ser. El PP ha frenado la tramitación de una proposición de ley de Izquierda Plural para reducir el IVA de servicios básicos como la luz, el agua, el gas o el transporte público. La oposición a la idea se entiende menos si se ve cómo se gravan estos suministros en otros países europeos, con gravámenes más bajos, tipos reducidos e incluso dejándolos exentos. En cualquier caso, ¿qué sentido tiene cargue con el mismo IVA el recibo de la luz, que además está gravado por otro tributo específico como el de la electricidad, que un anillo de diamantes?  

A pesar del apoyo del resto de fuerzas parlamentarias, la iniciativa no ha podido prosperar. El rodillo de la mayoría absoluta. El argumento popular es que con las políticas que fomentan el crecimiento se generará más empleo, se reducirá el paro y, por tanto, habrá menos hogares en dificultades para pagar las facturas. Y eso, sinceramente, es como decirle a alguien que se asfixia que esté tranquilo porque él quizás se morirá, pero otros, en el futuro y en la misma situación , se salvarán. Ningún sentido de la emergencia ante situaciones desesperadas. Menos mal que los médicos no mantienen esos planteamientos...

Soluciones para la pobreza energética

Con ganas y voluntad seguro que hay soluciones para aliviar la situación de pobreza energética de muchos hogares. Una vía, por ejemplo, reducir el IVA que soportan los recibos de los servicios básicos como la luz, el gas y el agua, como propondrá este martes en el Congreso Izquierda Plural. A ver qué votan el resto de grupos parlamentarios y cómo lo justifican. En todo caso, la solución no parece que sea dejarlo en manos de las contribuciones voluntarias de las compañías y de los propios usuarios, al estilo de un gran maratón como se hace por navidad, como defiende la Generalitat. Si lo hacen las compañías, bienvenido sea, pero tampoco está mal reducir la carga tributaria de este tipo de gastos fundamentales para los hogares. Y más, teniendo en cuenta lo que han subido tan solo desde antes de empezar la crisis en el 2007. Por que ¿qué sentido tiene que estén gravados con el mismo IVA una joya que el recibo de la luz que, además, tiene otro impuesto específico, el de la electricidad que aún lo encarece más?

Las causas de la pobreza energética

Y luego nos extraña que se hable de pobreza energética. Los servicios básicos, como la luz, el gas y el agua han subido como mínimo el triple que los salarios desde el 2007, el último año antes de que estallara la crisis. Además, todo ello se produce en un contexto con menos empleados y más parados.

Por ello, el esfuerzo que supone el pago de estos servicios sobre los ingresos totales de un hogar se ha disparado. Parecerá poco que, por ejemplo, el recibo de la luz haya pasado de dos de cada 100 a más de tres de cada 100 euros de ingresos. Pero recordemos que son medias y, como recuerda el experto en energía Jorge Morales de Labra, eso supone que hay mucha gente para la que supone mucho más. El Consejo Social Europeo determina que la pobreza energética se produce cuando este tipo de gastos supone más del 10% de los ingresos de un hogar.

Que estos servicios, que son esenciales, suban de esta manera en un contexto de inflación negativa no hace más que revelar el fracaso del modelo de, por ejemplo, la forma de calcular el recibo de la luz ¿Acaso no se nos dice que el crecimiento de nuestras rentas no debe ir ligado ya al IPC? ¿Por qué la luz, por ejemplo, ha de subir incluso más que esa referencia? Ni los gobiernos socialistas ni los populares se han atrevido a solventar la cuestión. Y el problema persiste por no decir que empeora.  

Un recibo de la luz de infarto

Lo dijo ayer el propio ministro de Industria, José Manuel Soria: el recibo de la luz unos meses subirá y otros bajará. Y pide tiempo para determinar si el saldo es de alza o de reducción como, a su entender, fue en el 2013 y el 2014. Pero el sistema que introdujeron en abril se ha demostrado imprevisible, altamente variable y arriesgado para quienes tienen la tarifa regulada o precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya avisó de que estas cosas pasarían.

En un solo mes, de diciembre a enero, se ha encarecido una media de más del 3% y es previsible que así siga al menos en lo que queda de invierno, aunque el Gobierno se haya reservado la capacidad de incidir en la mitad de la factura, a través de los peajes (la parte regulada), que decidió congelar. Y lo que resulta más curioso: lo rápido que sale el Ejecutivo para decir que los precios bajan, cuando lo hacen; y lo lentos que son cuando sucede lo contrario.

Son las consecuencias de un modelo improvisado que se gestó en principio para frenar las subidas que se avecinaban con el sistema de subastas trimestrales (CESUR) que funcionó hasta diciembre del 2013. Pese a un inicio más plácido, porque el Gobierno fijó por decreto la tarifa de forma transitoria y los costes bajaron en primavera, ahora nos encontramos que, cuando estos suben, se nota mucho en el recibo, una de las cargas más importantes en una economía familiar. Y eso en un país en el que, hoy por hoy, la inflación es negativa. Si el ministro pide esperar para hacer balance es que no ve claro lo de la luz e implícitamente reconoce que ha creado un recibo de infarto, no solo para los usuarios, que son los realmente afectados, sino para el propio Gobierno, que se las prometía muy alegres promocionando a bombo y platillo la bajada del IRPF. A ver si ahora resultará que lo que ingresaremos de más por la reducción de impuestos se lo llevarán las eléctricas en el recibo...

143.000 firmas para rebrir la investigación de los 3.400 millones de las eléctricas

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y la plataforma activista Avaaz han reunido 143.000 firmas ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que reabra la investigación sobre los 3.400 millones de euros que las grandes eléctricas habrían cobrado de más entre 1998 y 2006 en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTCs). La devolución de esta cantidad no fue reclamada por los gobienros del PSOE ni el del PP.

La denuncia proviene de otra reclamación presentada en el 2013 por prescripción de la posibilidad de reclamar a las eléctricas este importe. Esta denuncia fue archivada en diciembre del pasado año al considerar la Fiscalía que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. La nueva denuncia se basa en la reciente publicación de documentos que apuntarían a posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos tanto por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como del actual Ejecutivo de Mariano Rajoy, al permitir deliberadamente que venciera el plazo legal para reclamar la devolución de lo cobrado en exceso. Tanto la abogacía del Estado como la antigua Comisión Nacional de Energía, hoy integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Aunque en principio, el plazo para exigir la devolución de las cantidades, que según los denunciantes, fue avalada por la abogacía del Estado, finalizaba en el 2010, algunos expertos entienden que en realidad debía vencer en julio del 2014. Eso afecta tanto al Ejecutivo socialista como al del PP. 

Los CTC fueron creados por el Gobierno popular de José María Aznar para compensar a las eléctricas integradas en la patronal Unesa por la liberalización del mercado eléctrico con la ley 54/1997, de 27 de noviembre. Esa cantidad, inicialmente fijada en unos 12.000 millones de euros se ajustó a un máximo de 8.663 millones. El Gobierno del PSOE acabó con los costes de transición a la competencia a través del real decreto ley 7/2006, de 23 de junio.