Las reformas se acostumbran a llevar a cabo para mejorar cosas que no funcionaban. En el caso de la
electricidad, el balance del primer año del nuevo sistema de
tarifas no puede ser más pobre.
Ni se ha simplificado el sistema porque los usuarios son incapaces de prever lo que van a pagar en el siguiente recibo. Ni la
luz es más barata. Según el experto en regulación energética, J
orge Morales de Labra: "Sin reforma, los precios serían hoy un 14% más bajos". Y si se comparan con un año atrás, con la reforma aplicada, son al menos entre el 5% y el 10% más altos, según el perfil del consumidor, explica.
Otra cuestión digna de ser mencionada es la de la
telegestión. En su día, el
ministerio de Industria, tras anular la modalidad anterior basada en subastas trimestrales para fijar una parte del recibo, anunció que el usuario podría adaptar su consumo a los precios horarios (24 al día y 720 al mes). Pero para ello eran necesarios
contadores inteligentes y
las eléctricas disponen de tiempo hasta el 2019 para renovar todo el parque, aunque se hace por fases y ya deberían haberse cambiado el 35%.
Pero es que ni siquiera teniendo uno de estos medidores ya instalado se puede uno beneficiar de eso porque el
Gobierno, después de un año, no ha publicado aún los protocolos y requisitos técnicos para desarrollar la
telegestión. Y las
eléctricas, descontentas también con la reforma aunque por otro motivos, exigen también más tiempo para adaptar sus sistemas. Lo que se aplica por ahora es un patrón general que responde al consumo medio de todos los hogares de un mismo perfil.
En una época electoral como la actual espero pocas novedades relevantes. Al final resultará que hace un año el
Gobierno solo se trató de ganar tiempo, de imponer un
parche para evitar una fuerte subida de tarifas en enero del 2014. Logró el efecto inmediato entonces, pero nos ha metido en un embrollo aún mayor, cuando podría haber acometido una verdadera
reforma para introducir
competencia efectiva en el mercado.
Pero nada más lejos de eso. Los únicos cambios radicales han consistido en frenar el desarrollo de las
energías renovables, con un hachazo con efectos retroactivos que ha paralizado el sector,
que se encuentra en los tribunales y puede salirle caro al Ejecutivo, o más bien, al conjunto de los contribuyentes. Ha provocado, además, al menos
10 demandas contra España de inversores extranjeros ante el organismo de arbitraje del
Banco Mundial, el
Ciadi. Todo un récord para convertirse en campeones globales de la
inseguridad jurídica.
Y otro ejemplo es el impuesto al sol o mejor dicho, el gravamen aplicable a quienes producen su propia electricidad con energía solar, usen o no la red general. Y es que todo esto demuestra que seguimos siendo un país dominado por los
monopolios o, como mucho, por los
oligopolios.
