Diseñado con un descuento del 25% en la tarifa regulada o precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) para aquellos usuarios que, en principio están en situación vulnerable, no parece ajustarse a sus objetivos iniciales. Además, quien no tiene para pagar el recibo de la luz completo difícilmente tendrá para hacerlo con el 75%.
Lo cierto es que los 2,4 millones de beneficiarios que tienen este descuento ni son todos los que deberían disfrutar del mismo ni, por supuesto, suponen una muestra representativa de lo que se entiende como pobreza energética. Unas quizás podrían pagar el recibo y, en cambio, tienen el descuento mientras que otros no tienen ni la posibilidad de acceder al mismo.
La cuestión es que uno de los supuestos para acogerse es el de familia numerosa. Muchos dudan de que este sea un requisito suficiente si no se tienen en cuenta los ingresos de la unidad familiar. Incluso podría estar beneficiando a hogares que pueden pagar de sobras su recibo.
Y ahí radica una de las claves: en su configuración actual, el bono social no tiene en cuenta el poder adquisitivo del beneficiario. Y debería tenerlo. De esta forma englobaría a más afectados.
Y, de nuevo, la pregunta: ¿Y quién debería pagarlo? Si escuchamos a las eléctricas apuestan por los Presupuestos del Estado porque consideran que es política social. Y eso equivale a que lo paguemos todos vía impuestos. Y yo digo, teniendo en cuenta los privilegios de los que ha gozado el sector, como el perdón a los 3.400 millones cobrados de más entre 1998 y el 2006, entre otros ¿no debería ir a su cargo? ¿La respuesta? Sí.Seguro que ya lo recuperarán con el recibo.
O si no ya se ocupará el Gobierno de turno de permitírselo a través de una escondida disposición en una ley u otro tipo de normativa, como ya hicieron con la parte fija de la factura, que se paga se consuma o no, que pesa hoy más del doble de lo que pesaba en el recibo.
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